El Movimiento Obrero Argentino frente a la dictadura genocida
Pablo Zamorano
A cincuenta años del golpe cívico-militar que instauró el terrorismo de Estado en Argentina, es necesario recuperar la memoria de la resistencia obrera y sindical. Este texto propone analizar aquella experiencia histórica como una herramienta fundamental para comprender el contexto actual, signado por un gobierno de ultraderecha que, con un programa económico y social similar, y que cuenta con el apoyo de los mismos grupos económicos hegemónicos. El objetivo compartido, ayer y hoy, es desarticular la capacidad de resistencia de los trabajadores para imponer un modelo que beneficia al capital en detrimento del trabajo.
El proyecto de la dictadura: Disciplinamiento y neoliberalismo
El golpe genocida cívico-militar inició un período de terrorismo de Estado, que buscó el disciplinamiento y la represión del conjunto del pueblo trabajador, en particular de los sectores juveniles y obreros que protagonizaban un período de luchas y organización que amenazaba los intereses de los grupos económicos hegemónicos. La dictadura militar utilizó la metodología criminal de la desaparición, torturas, muerte y el robo de menores, poniendo todo el aparato del Estado al servicio de la represión y el genocidio. El objetivo era reformatear la sociedad argentina en favor de los dueños del país, en detrimento de los trabajadores y el pueblo. Se aplicó un modelo económico y social neoliberal de entrega a los intereses del capital transnacional, endeudamiento y financiarización de la economía: un plan para profundizar las desigualdades y disciplinar a los trabajadores en beneficio del empresariado.
Las políticas dictatoriales implicaron un nivel inédito de represión y un retroceso de gran magnitud en las condiciones de vida y de trabajo. El período de alta movilización social iniciado en la década del 60, que tuvo como figura central a un movimiento obrero organizado especialmente a partir del Cordobazo en 1969, fue brutalmente interrumpido. A mediados de la década del 70, se intensificó el ataque a las corrientes clasistas y la represión de los conflictos obreros, de la mano de la Triple A y el Ejército. En este contexto de crisis nacional, el golpe de marzo de 1976 vino a "restablecer el orden social perdido".
La dictadura militar comportó un proyecto autoritario de refundación social, institucionalizando la violencia extralegal. No llama la atención entonces que el principal sector golpeado fuera el movimiento obrero organizado. Si bien las prácticas represivas no se inauguraron en marzo de 1976, sí se institucionalizaron a partir del golpe, aplicándose a gran escala. Esta política estatal tuvo dos planos: uno de represión abierta y directa, y otro legislativo. La represión buscó inmovilizar al conjunto de la clase trabajadora y exterminar al sector más combativo, atacando principalmente a las comisiones internas de fábrica y sus delegados. La represión no fue solo directa sino también "disuasiva", a través de la intimidación. Las políticas represivas de la dictadura funcionaron como disciplinadores del movimiento obrero.
La represión tuvo el principal apoyo del sector patronal, que colaboró activamente con las fuerzas represivas, proveyendo infraestructura, dinero e información, y señalando a los activistas gremiales que debían ser secuestrados. La transformación de las condiciones de trabajo y la anulación de los espacios de organización llevaron a un progresivo aislamiento entre los trabajadores, incrementando la explotación.
El plano legislativo atacó las conquistas históricas: se suspendieron las paritarias, se prohibió el derecho de huelga, se decretó la prescindibilidad de los empleados públicos y se intervinieron la CGT y los principales sindicatos. Se prohibieron las elecciones sindicales y las asambleas. Por otra parte la política económica, liderada por Martínez de Hoz, se alineó con la derecha tradicional, el capital nacional y las empresas transnacionales. Se aplicó una política de libre mercado basada en la apertura económica y la liberalización financiera. El diagnóstico neoliberal culpaba a la industria ineficiente y al sindicalismo "presionador". El resultado fue el congelamiento de salarios, el endeudamiento externo con el FMI, la apertura del mercado interno y la reforma financiera. Este programa tuvo un crudo carácter clasista, orientado a disciplinar a los asalariados, provocando la caída del salario real y la destrucción de fuentes de trabajo. Se produjo una violenta reestructuración de la clase obrera: reducción de obreros industriales, aumento del cuentapropismo y el subempleo.
El Movimiento Sindical: Entre la represión y la resistencia
La CGT fue intervenida el 24 de marzo de 1976. Desde principios de los sesenta, existían dos posturas en el sindicalismo: una "participacionista" (negociadora) y otra "confrontacionista" o "combativa". Luego del golpe, la dirigencia se dividió. En 1977, surgió la Comisión Nacional de los 25 (más permeable a las bases y vinculada al peronismo) y, posteriormente, la Comisión de Gestión y Trabajo (que promovía un sindicalismo más dialoguista con el régimen). Estas fracciones fluctuaron entre el diálogo con la dictadura y la presión de las bases. La dirigencia fluctuó durante esos años entre el diálogo y la presión de las bases, pero fueron estas últimas las que mantuvieron viva la resistencia.
La mayor parte de los conflictos obreros a partir de 1976 se registraron en el sector industrial: metalúrgicos, Luz y Fuerza, UOM, textiles, automotrices, entre otros. Estos gremios eran los hasta entonces tradicionalmente vanguardistas, es decir, los representantes más conspicuos del proceso de crecimiento industrial por sustitución de importaciones. En muchos casos, la lucha se iniciaba con una huelga de brazos caídos, que continuaba con paros, abandono de tareas, intentos de movilización y trabajo a desgano, demostrando que, a pesar de encontrarse en condiciones netamente desfavorables, se continuaba resistiendo y luchando.
En 1976 tuvieron lugar, además, huelgas en la mayoría de las empresas automotrices (Ford, General Motors, Fiat, Renault) y en el ámbito portuario, entre septiembre y octubre. En 1977, los conflictos laborales se extendieron por todo el país, con un aumento importante en el número de trabajadores involucrados. Se sucedieron huelgas y paros en el transporte de corta, media y larga distancia (subterráneos, ferrocarriles) y en los gremios metalúrgico, textil, mecánico y bancario, entre otros, en reclamo de mejoras salariales.
1978 comenzó con cierta calma laboral. Continuaron los paros ferroviarios y los conflictos en el transporte de corta distancia. Si bien se registró un aumento de los conflictos obreros en el año, estos se vieron relativizados por dos cuestiones: en primer lugar, las divisiones en la cúpula sindical, donde comenzaron a perfilarse las dos tendencias frente al gobierno militar, "participacionistas" y "confrontacionistas". Perdidas en las diferencias de táctica, las luchas llevadas adelante por las bases obreras en todo el país no contaron con una coordinación sindical a nivel nacional y perdieron fuerza. En segundo lugar, el Mundial de Fútbol y el conflicto por el canal de Beagle con Chile desviaron la atención pública. A pesar de ello, los portuarios, Fiat, el Frigorífico Swift de Rosario, Renault de Córdoba, Firestone y los talleres Pérez del ferrocarril Mitre realizaron nuevas medidas de fuerza.
A pesar del contexto socio-político descripto y la brutal represión, la protesta social fue creciendo. En 1979 se incrementaron las demandas laborales, duplicándose la cantidad de conflictos y cuadruplicándose el número de trabajadores participantes en relación con 1977. Surgieron ciertos "hitos cualitativos", como la primera toma de fábrica desde 1976 en Aceros Ohler, y un conflicto en el frigorífico Swift de Berisso que se coordinó con la comunidad, entre otros. En este contexto, se convocó a una Jornada Nacional de Protesta para el 27 de abril, impulsada por los "25" con la oposición expresa de la CNT. El porcentaje de adhesión fue muy importante. El gobierno militar arrestó a los miembros de la comisión convocante y anunció severas represalias para los obreros que adhirieran. La importancia de esta jornada reside en que fue llevada a cabo por un sector de la dirigencia sindical que comenzaba a hacer eco de las demandas de las bases.
En 1980, el intento de reunificación del movimiento obrero organizado en la Conducción Única de los Trabajadores Argentinos fracasó al no poder establecer un plan único de acción, y la central se dividió nuevamente. Durante este año, las bases continuaron desarrollando conflictos por empresa, cada vez más orientados a la defensa de los puestos de trabajo ante el cierre de fábricas.
Los tres últimos años de la dictadura militar asistieron al fortalecimiento del sector sindical de los "25", que se hizo eco con mayor decisión de las demandas de la base obrera frente a la caída abrupta de los salarios y el desmantelamiento del sector fabril. En 1981 tuvo lugar la marcha por "Pan, Paz y Trabajo", que involucró no solo al movimiento obrero sino también a amplios sectores de la sociedad; en los cánticos de protesta ya se sumaba el pedido por los desaparecidos. Le siguieron la "Jornada de Protesta" del 22 de julio, la "Marcha del Trabajo" del 7 de noviembre, el "Plan de Movilización Pacífica" de comienzos de 1982 y, finalmente, la movilización masiva del 30 de marzo del mismo año, duramente reprimida, cuya consigna fue "decirle basta al proceso".
La resistencia desde las bases: Comisiones Internas y luchas obreras
La resistencia obrera desde las comisiones internas de fábrica fue fundamental. Para implementar la economía neoliberal, era necesario doblegar la resistencia obrera y disciplinar el trabajo. Las comisiones internas y sus delegados fueron los protagonistas de la oposición a las medidas de "eficientización" que flexibilizaban el uso de la fuerza laboral. Empresarios y militares consideraban imprescindible limitar el poder de las comisiones internas.
Los conflictos, a menudo sin coordinación sindical nacional (inorgánicos), fueron canalizados por delegados, comisiones internas y dirigentes de seccionales locales. Surgieron "delegados provisorios" y comisiones clandestinas para evitar la represión. Hubo un proceso ininterrumpido de construcción-reconstrucción de la organización sindical en los lugares de trabajo. Nunca hubo inmovilismo de la clase: entre 1976 y 1979 hubo un reflujo, pero la resistencia se expresó de formas subterráneas, creativas y disruptivas (trabajo a desgano, sabotajes, etc.). Entre 1979 y 1983, la lucha obrera fue coordinada por las dirigencias.
La oposición obrera fue uno de los factores del fracaso del régimen militar. La resistencia constante desde las bases, con métodos novedosos como el "trabajo a tristeza", constituyó la base material de la caída del régimen. La distinción entre luchas de base y las coordinadas por la dirigencia no implicaba un enfrentamiento entre ambas. La brutal represión generó un repliegue inicial, pero el golpe a los salarios y condiciones de trabajo desató tempranos conflictos. Se desarrollaron nuevos métodos de lucha para proteger a los delegados, como la ausencia de "responsables visibles". Las medidas de lucha incluyeron petitorios, quites de colaboración, trabajo a desgano, boicots y ocupaciones.
La Historia como herramienta de acción en el presente
El período histórico inaugurado en marzo de 1976 encontró a un movimiento obrero que ya venía siendo diezmado en su sector más combativo. La implementación sistemática de la represión y una feroz legislación laboral socavaron su capacidad de organización y presión, condición necesaria para la brutal apertura económica, la especulación financiera y la transferencia de riquezas al capital. Sin embargo, el análisis del accionar obrero a nivel de los lugares de trabajo revela un grado constante de resistencia y oposición. Las bases generaron una presión permanente sobre sus dirigencias para canalizar sus demandas, manteniendo viva la conflictividad a pesar del terror.
A cincuenta años de aquel golpe, la historia de esa resistencia se vuelve una herramienta fundamental para comprender y actuar en el presente. El actual gobierno de ultraderecha presenta un programa económico y social análogo al de la dictadura: beneficiar a los mismos grupos económicos hegemónicos, al FMI y al capital transnacional. Su objetivo, explícito en la reforma laboral, es el mismo: desarmar la capacidad de resistencia de los trabajadores para implementar un modelo que profundiza la explotación y la desigualdad. Conocer cómo el movimiento obrero, desde sus bases y con sus dirigencias, resistió, se reorganizó y finalmente contribuyó a derrotar un proyecto similar, nos proporciona lecciones invalorables. Nos recuerda que la organización en el lugar de trabajo, la solidaridad de clase, y la creatividad en la lucha son armas irrenunciables. Frente a un nuevo intento de disciplinamiento, la memoria de aquellas luchas nos interpela a defender las conquistas históricas y a construir, hoy, una nueva resistencia que, como ayer, sea capaz de decir basta.